El Poder de la transparencia
Es alentador ver como el Consejo para la Transparencia ha comenzado a prestar un efectivo servicio a la sociedad y que la legislación que se interesa en la materia se puede aplicar sin importar a quien alcance en su fiscalización. La renuncia del Ministro de Defensa es una prueba de que va resultando cada vez más difícil dar la espalda a la probidad y a la honestidad pública, con secretismos y datos reservados. Es una garantía importante para la población del país el saber que este nuevo tipo de institucionalidad cumple con sus funciones y objetivos sin contemplaciones con nadie, y por ello los ciudadanos y ciudadanas de Chile podemos estar contentos de contar con resguardos frente algunos peligros de los abusos del poder.
Es alentador ver como el Consejo para la Transparencia ha comenzado a prestar un efectivo servicio a la sociedad y que la legislación que se interesa en la materia se puede aplicar sin importar a quien alcance en su fiscalización. La renuncia del Ministro de Defensa es una prueba de que va resultando cada vez más difícil dar la espalda a la probidad y a la honestidad pública, con secretismos y datos reservados. Es una garantía importante para la población del país el saber que este nuevo tipo de institucionalidad cumple con sus funciones y objetivos sin contemplaciones con nadie, y por ello los ciudadanos y ciudadanas de Chile podemos estar contentos de contar con resguardos frente algunos peligros de los abusos del poder.
Esta misma normativa que vela por la transparencia nos ha permitido conocer importantes antecedentes sobre como el Consejo Nacional de Educación tomó la decisión de apoyar la solicitud del Ministerio de Educación de disminuir en un 25 % las horas de enseñanza de la historia, la geografía y las ciencias sociales, así como de tecnología. Es sorprendente revisar los informes de cinco evaluadores expertos que, con diversos argumentos, rechazan la medida promovida desde el ministerio de Lavín. En efecto los informes, que se han podido conocer en virtud del imperio de la ley de transparencia, dejan en evidencia la falta de fundamentos sólidos y serios de una medida tan trascendente que puede lesionar severamente la formación en las disciplinas que se ocupan de la historia y la memoria, el patrimonio y la identidad, la sustentabilidad y la valoración de nuestro medio y sus recursos, la formación ciudadana y la participación democrática, la capacidad de comprender nuestra sociedad y cultura y las que conviven con ella.
Hasta hoy no existe una explicación medianamente atendible del por qué de esta medida curricular. Parece ser sólo un capricho del Ministro y su entorno, en alguna medida obsesionados con los indicadores de pruebas estandarizadas y rankings internacionales pues la única y precaria explicación ofrecida se refiere a la necesidad de contar con más horas para lenguaje y matemáticas aún a costa de otros sectores de aprendizaje. Quienes trabajaron seriamente elaborando informes fundados en argumentaciones explícitas y respaldadas en fuentes validamente establecidas se deben haber visto sorprendidos cuando, con un criterio que se relaciona con el poder y no con la autoridad, el ministro anunció el 17 de noviembre pasado la reducción de horas, señalando que se iniciaba una revolución en la educación nacional.
Afortunadamente existen los criterios de trasparencia que nos dan algunas garantías frente a los abusos y ofrecen la posibilidad a la sociedad, a sus instituciones y a la ciudadanía entera de reaccionar frente a situaciones de peligro para la igualdad y el estado de derecho. Desde el mismo día del anuncio ministerial recién citado diversos grupos ciudadanos nos hemos manifestando no sólo en el rechazo de una medida que parece arbitraria sino también en la demanda de una explicación fundada de los motivos que impulsan al ministro a tomar una resolución que causará un grave daño a la formación de niños y jóvenes por mucho tiempo. Lo que hemos solicitado infructuosamente es un debate de ideas que de respuesta a la razón que está detrás de la disminución de horas y del giro de sentido del curriculum. Ha sido una espera vana pues el ministro no ha considerado seriamente esta demanda. Hace quince días se reunió con representantes de diversas corrientes y sensibilidades que rechazan la medida y pareció abierto al dialogo, aunque aún sin dar argumentos que sostengan la controvertida reducción de horas.
Hace pocas horas sin embargo el ministro habló de la restitución de las horas del sector de historia, geografía y ciencias sociales en el marco de las negociaciones para conseguir el respaldo político de la reforma educacional. El ministro, que ha usado y abusado de la idea de que las discusiones políticas son algo deplorable o sucio, ha convertido a la enseñanza de la historia del país y la formación ciudadana en una moneda de cambio con la oposición.
Esto pone de manifiesto la falta de sustento pedagógico de la medida pues en un momento parece sostenerla a ultranza y en otro le parece canjeable por votos parlamentarios. En una materia tan seria como es la educación y en un sector tan complejo de estudiar como el que se ocupa de las sociedades en el tiempo y el espacio, se requiere de un comportamiento serio y responsable y no piruetas oportunistas que además se ocultan denostando la actividad política.
Es aquí donde se hace evidente el poder de la transparencia. En efecto los documentos que el CNED ha debido hacer públicos en cumplimiento de la ley no sólo ponen en evidencia el desprecio por la opinión de los expertos consultados sino también plantean dudas acerca de la libertad con que ha actuado el Consejo. ¿Por qué razón este organismo no atendió las razones de los informes recibidos? ¿Por qué condiciona el apoyo a la propuesta ministerial al cumplimiento de una serie de observaciones? ¿En que medida el Ministro Lavín ha atendido los puntos planteados por el CNED?
Resulta evidente que no existen fundamentos sólidos para persistir en una medida que a todas luces parece imprudente, desprolija y arrogante. Resulta evidente que el Consejo Nacional de Educación debe explicar por qué desatendió las recomendaciones de los cinco evaluadores, contratados por ese mismo organismo, para apoyar una medida que no se funda en buenos argumentos ni en evidencias confrontables. ¿Debemos suponer que el CNED no ha podido actuar con libertad e independencia? Si así fuese estaríamos frente a un gravísimo caso de abuso de poder y ante la crisis de una institución que tiene una muy alta responsabilidad con la sociedad chilena y con el futuro del país.
La falta de seriedad de la propuesta de la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio, en el sentido de reducir horas de un sector en beneficio de otros, es tal que un día se pueden tener tres horas y al día siguiente cuatro según lo que digan los parlamentarios opositores. Frente a este comportamiento de quien tiene el poder pero no la autoridad contamos con una ciudadanía cada vez más conciente de sus responsabilidades sociales y con mecanismos que velan por el comportamiento trasparente que de garantías frente a la corrupción, los abusos o los simples caprichos.
La situación generada por el Consejo para Transparencia y el ex ministro de defensa es una señal alentadora de que pude imperar la responsabilidad y la claridad de sentido en el actuar público. Lavín hace unos días prometió la restitución de las horas cercenadas y ahora, de modo oscuro y oportunista, condiciona esta promesa. Confiemos en el poder de las trasparencia y de su imperio en el CNED, en el Ministerio de Educación y en el país.
Claudio Rolle
Profesor Instituto de Historia
Pontificia Universidad Católica de Chile
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